Captan a El Bronco en un bar de Monterrey

[A Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, lo persigue la controversia. En su gestión, se ha caracterizado por dichos que rayan en la ocurrencia y hasta en expresiones misóginas, lo que le ha generado el repudio de parte de sus electores.

La nueva polémica se observa en unas imágenes que publicó El Heraldo de México, en las que se puede ver al gobernador independiente presuntamente en un bar de Monterrey, en compañía del secretario de Gobierno estatal, Manuel González Flores.

Sus acciones han provocada no sólo críticas, sino también procesos judiciales, que van desde discriminación y desvío de recursos, hasta la captación irregular de firmas para su candidatura presidencial, por el que enfrenta un proceso de desafuero, el cual fue frenado por el momento por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En sus discursos, es frecuente que ante las críticas que desata, señale que se trató de una broma o que la información fue descontextualizada.

En marzo de este año, durante la ceremonia de aniversario del Colegio de Bachilleres en San Nicolás, dijo: “Yo le hablo a Dios todos los días para platicarle mis problemas (…). Tengo su WhatsApp y le mando WhatsApp y a veces me los contesta, pero sé que anda muy ocupado y no quiero darle mucho trabajo”.

En 2016, no había cumplido un año como gobernador cuando ya tenía abierto un frente contra las mujeres. La diputada panista Brenda Velázquez presentó una denuncia por discriminación, luego de que señaló que “es mejor mamá, más mamá, la mujer que tiene a sus hijos por parto natural y no por cesárea”.

En noviembre de 2018 aseguró que “a las niñas gordas nadie las quiere”, en referencia a los embarazos no deseados. Esta semana, el comentario fue que se habla de feminicidios, pero no de “hombricidios”.

En cuatro años, las expresiones de El Bronco han pasado por acusar a los estados del sureste de ser flojos o de “mochar” las manos a los rateros, hasta proponer cambios al escudo de Nuevo León, para agregarle un acordeón tras la muerte de Celso Piña.

Por lo pronto, sigue pendiente el proceso de desafuero en el Congreso local, órgano que aprobó una reforma constitucional con la que perdería la inmunidad penal.]