Castigarán con cárcel y mil días de multa
a quien obligue a firmar renuncia en blanco
La legisladora lamentó las prácticas vejatorias que condicionan al trabajador el acceso a un empleo a la renuncia de sus derechos más elementales, tales como la renuncia anticipada, la firma de pagarés y otros títulos de crédito.
“Estos hechos convierten al trabajador en un grupo en situación de vulnerabilidad que, por su dependencia económica, es constantemente abusado por los patrones o superiores jerárquicos, no sólo en las empresas privadas, sino también en oficinas públicas y gubernamentales”, señaló.
Con la aprobación de esta iniciativa, presentada en abril de este año, se tipificó como delito el forzar a los trabajadores a firmar documentos en blanco, o cualquier otro tipo, que implique la renuncia a sus derechos, o les impongan obligaciones a fin de menoscabarlos o anularlos.
“Se impondrá de tres a seis años de prisión y de 100 a mil días de multa, tratándose de documentos públicos, y de seis meses a tres años de prisión y de 50 a 500 días de multa, tratándose de documentos privados, a quien para obtener un beneficio para sí o para otro”, señala la ahora ley.]




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